Finalmente se han cumplido mis
vaticinios y Cifuentes se ha visto obligada a dimitir. No ha sido a causa de su
mala gestión de la información, aventada por vocingleros propios y extraños al
PP pero al fiel servicio de los primeros, acerca del Máster dadivosamente
otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos sino abatida por la munición,
disparada desde sus propias filas, contra aquél que suponga el menor escollo en
la aspiración sucesoria de un Partido, cada vez más, reducido a escombros tras
los continuos bombardeos de la corrupción. No le encuentro ningún sentido al acto,
por supuesto reprobable, de introducir disimuladamente en un bolso de dos mil
euros un par de cremas de apenas cuarenta. Resulta, incluso, cómico que alguien
que viste de Prada escamotee cosméticos, de gama media, si no es con motivo de
una patología, tal parece ser el caso. La cleptomanía, en psicología clínica,
presenta una serie de síntomas entre los que se encuentra la ausencia de intencionalidad
maliciosa; el descontrolado impulso de sisar, normalmente objetos de escaso
valor, no lo es para el beneficio personal del cleptómano sino porque no puede
domeñarlo, le resulta imposible y lo hace como medio de aliviar su ansiedad. De
modo que, es obvio, quienes padecen tal trastorno sufren una alteración que
termina tratándose con terapias conductuales y farmacopea a fin de aliviar los
sentimientos de culpa, remordimiento y vergüenza que con posterioridad
experimentan. No hablamos de delincuentes –como en el caso de aquellos que,
consciente y deliberadamente, incurren en la apropiación indebida o la estafa,
donde predomina un propósito de lucro-, puesto que esta desviación del
comportamiento no está, no puede estar, tipificada en la Ley Penal. Es curioso
que haya podido pervivir, en las albañares políticos, una cinta de seguridad de
hace siete años que nula o escasa utilidad podía presentar tras el abono
voluntario, por la “infractora”, del importe de lo hallado en su bolso, cuando
la LOPD establece que las imágenes captadas por un sistema de seguridad privada
no deben, jamás, superar los 30 días de antigüedad, límite que no se alcanzará
si las necesidades de captación y almacenamiento se cubren con el archivo
registrado de un período inferior en atención al principio de proporcionalidad.
Por lo que ese día, en aquella superficie comercial, se produjo un conato de delito
leve que fue solventado, quebrando de este modo la denuncia y la tramitación de
cualquier proceso judicial pero, también, una radical vulneración de las normas
reguladoras de la Protección de Datos al conservarse una grabación que, por
Ley, debió ser destruida y no se hizo, facilitándose, más tarde, su difusión y
exponiendo, así, públicamente la alteración patológica de una persona susceptible
de ser tratada por profesionales y que, con independencia de su cargo, tiene
derecho a su intimidad. Imágenes que salen a la luz, haciendo escarnio, en un
momento muy delicado de la interesada quien precisamente se había mostrado como
la más implacable censora de los casos de corrupción de su Partido. Empiezo a
pensar que existen unos expedientes clasificados que guardan las miserias de
todos y cada uno de nuestros representantes públicos y que salen a la luz sólo
cuando los mismos resultan molestos. Desconozco si será el precio que han de
pagar en sus personales vendettas o
si, por el contrario, sea que el sacrosanto derecho a la información está al
servicio del poder de turno por parte de esos sicarios, custodes de las más
pestilentes alcantarillas de miserias ajenas, amparando impunemente el robo de
la intimidad de ciertas personas. Tras releer estas líneas me pregunto quién de
todos ellos, en esta trama, desempeña mejor el papel de ‘Marnie’.
Publicado en la columna de los lunes, Reflexiones de butaca, diario
VIVA JAÉN, 30/04/2018.
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