Perder el juicio y claudicar.

Es cierto que la situación se ha ido crispando paulatinamente ante la artera permisividad del Gobierno. Los tímidos conatos, a modo de jocosa bufonada, de enarbolar esteladas ante los agentes de la Guardia Civil en Cataluña han pasado a convertirse en coacciones, insultos graves, provocaciones y constantes humillaciones hacia quienes son los verdaderos custodes de la democracia, la libertad y la legalidad que, no obstante, tienen una orden clara: “No repeler, jamás, la agresión”, es obvio que la Guardia Civil necesita un Mando Militar y no Político. Tanto como en España necesitamos un Gobierno que no claudique ante la amenaza de la desfragmentación violenta de la unidad territorial. Es canallesco, amén de vergonzante, que se ofrezca ahora a Cataluña la recompensa de una mejora económica y mayor autonomía si ceja en la vulneración de la Ley; obviamente, la previsible reacción del País Vasco no se ha hecho esperar, aquí cada quien arrima el ascua a su sardina - ¡faltaría más! -. Veo en el televisor la contenida cara de Rajoy y de su aletargado equipo ministerial, se cruzan miradas displicentes, aderezadas con bostezos de oso cavernario, hablando sin decir nada y es cuando estallo: ¡Ustedes, señores del Gobierno, son los responsables de que un puñado de secesionistas sediciosos que se ciscan en la bandera nacional y, por ende, en todos los españoles; que escupen su negra bilis en el rostro abnegado de los únicos que hacen lo que los Mozos se han negado y que no es sino velar por la Constitución Española, se encuentren en una envidiable posición negociadora. No se premia al delincuente, se le aplica la Ley y nuestra Ley de Leyes tiene el remedio más eficaz para haber sofocado esta rebelión hace años!. Son ustedes, y no otros, los cooperadores necesarios para el éxito de que unos pocos impongan vehementemente su voluntad al resto de la población. La alienación separatista, inoculada desde hace décadas mediante el adoctrinamiento masivo de mentes a medio formar, ha hecho hoy su tóxico efecto convirtiendo a una región de España en un polvorín cuyo desenlace no puede ni debe pasar por la condescendiente dádiva del Gobierno Central de insuflar, a ese separatismo salvaje, un balón de oxígeno financiero y político que, con el tiempo, lo hará más fuerte y refractario, si cabe. La solución puede y debe ser el recurso a la Ley y la inmediata – aunque postrera ya – suspensión de la autonomía. Deberían dejar, estos tibios dirigentes nuestros, de encender una vela a Dios y otra al diablo, pues por un lado se interviene el control de las fuerzas policiales y por otro se oferta la taimada ampliación financiera a una, cada vez más, instigadora Generalidad. Este nuevo desafío no se gesta huérfano de antecedentes históricos y aunque la proclamación por Companys, durante la II República, de un “Estado Catalán dentro de la República Federal Española” no fuera un acto secesionista en puridad, pues se hacía dentro de una pretendida “Entidad Federal”, la contundente respuesta de aquél Gobierno terminó con la perentoria rendición de los insurrectos a quienes con posterioridad se les iría devolviendo, hasta la plena recuperación, sus competencias empero la radicalización ya había germinado, abonada por el corrosivo odio hacia el “Estado opresor y sus Fuerzas de ocupación” transmitido, a modo de seña de identidad, de generación en generación y que aflora nuevamente con la jubilosa Democracia, estallándole en la cara a un Gobierno azotado por la corrupción, la cobardía y el descrédito. A esos radicales separatistas les tendremos que agradecer, siempre, lo que a los señores del Ejecutivo les reprobaremos: haber despertado el sentimiento patriota de toda una Nación. Que aprendan a vivir con eso… si es que pueden.

A Nayara.

A quien, con sus recién cumplidos 20 años, deseo pueda disfrutar siempre de un país demócrata, grande, unido y libre.

Publicado en la columna de los lunes, Reflexiones de butaca, diario VIVA JAÉN, 25/09/17. 

Treinta años de soledad son pocos.

un circunspecto Oficial de mostacho negro, tricornio y arma en mano, que irrumpió en el Congreso de los Diputados mientras tenía lugar la sesión de investidura de Calvo-Sotelo como Presidente del Gobierno. Solo hizo falta un grito: “¡Quieto todo el mundo!” seguido de una generalizada reacción de desconcierto en los escaños que precedió al célebre “¡Al suelo, al suelo todo el mundo!” y el posterior estruendo de una ráfaga de disparos al techo que cesaron a la orden de aquél Mando. Las noticias eran confusas y sólo se sabía que un Teniente Coronel de la Guardia Civil, junto con unos doscientos guardias a sus órdenes, había secuestrado a los parlamentarios. Luego supimos que aquél mismo Guardia Civil había estado, en todo momento, informado de que en otros puntos del país como Sevilla, a cargo del C. General P. Merry Gordon; en Valencia, por parte del C. General Jaime Milans del Bosch; en Zaragoza con Elícegui Prieto y Barcelona, con Pascual Galmes, así como con las dudas de Baleares y Canarias, se secundaba aquella entrada en el Congreso y las consecuencias que de ella se derivarían caso de prosperar. Pero sigue, aún hoy, siendo un misterio qué pretendía aquél Guardia Civil en realidad pues siendo evidente que no podía tratarse de una acción individual nunca se desveló cual fue el objetivo perseguido, si lo era la creación de un Gobierno apoyado por la propia Casa Real o bien, si la verdadera intencionalidad, pudiera haber sido la de dar un golpe de estado militar que acabara con el Estado Constitucional. Se podrán compartir, o no, las motivaciones que en su día tuviera el T. Coronel D. Antonio Tejero para encabezar aquella acción; podrá ser, o no, objeto de nuestra simpatía pero, siempre, habrá de reconocérsele el mérito de no haber perdido ni la templanza ni el decoro; a las diez de la mañana, poco antes de entregarse tras conocer el fracaso, se fumaba tranquilamente un pitillo en la puerta del Congreso después de haber tenido en vilo, toda una noche, a España entera y habremos de reconocer, también, que aquella actuación infringió la Ley, lo que le hizo merecedor del procesamiento y la condena, justa o injusta, a 30 años de reclusión por el delito de rebelión militar consumado con apreciación del agravante de reincidencia y la accesoria de pérdida de empleo, lo que supone la mayor deshonra que un miembro de la Guardia Civil puede sufrir: la expulsión del Cuerpo con pérdida del grado. Tengo para mí que D. Antonio –que hoy pasa largas y plácidas temporadas, el hombre, en su casa de Torre del Mar- acusó más la degradación y su expulsión con deshonor que la privación de libertad, pena que aceptó, empero, con la dignidad y gallardía de quien viste de uniforme pues aunque despojado de sus galones, es militar y militar morirá. Las catorce horas que duró, lo que los legalistas denominaron la tentativa de “asalto a una Alta Institución del Estado” por parte de un hombre, tuvieron un precio tan elevado como doloroso y humillante... Me pregunto la condena que debe, entonces, corresponder a los integrantes de un Gobierno autonómico que lleva atentando, desde la manifestación del “Som una nació, nosaltres decidim” en 2010, directamente contra la Constitución Española, quebrantando la Ley y mofándose de nuestros Tribunales, en un intento de romper la indisoluble unidad nacional, crispando y fraccionando a la población e instigando el incumplimiento masivo de la legalidad con un referéndum que no están legitimados a convocar; secuestrando, con su proceder, a aquellos ciudadanos que no quieren la pretendida independencia pues no se me ocurre mejor definición de rebelión civil. Y me pregunto, también, cuál sea la que merezca nuestro displicente Gobierno que teniendo las armas constitucionales para evitarlo, no sólo no lo ha hecho sino que expone al escarnio público de las vejaciones y  mezquinas provocaciones secesionistas a los compañeros de aquél que, un día, fue reo de rebelión militar. Seguramente, esa pena, fuese mucho mayor.

Publicado en la columna de los lunes, Reflexiones de butaca, diario VIVA JAÉN, 18/09/2017.

La filóloga y la bífida lengua que la perdió, ¿verdugo o víctima?.

Las redes sociales ardían. No podía ser de otro modo: “Escuchando a Arrimadas en el debate de T5 sólo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo, porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa”. A caballo entre el estupor y la más profunda aversión, volví a leer aquél extravío intentando digerirlo, lo más execrable no era ya el aberrante deseo en sí -¿puede existir algo más vil?- sino que proviniera de otra mujer. Me quedé pensativa clavando mi mirada en el sinuoso baile que mantenían los cubitos de hielo derritiéndose, ajenos a mis cavilaciones, entre trozos de limón y vainas de cardamomo, en la copa de gin tonic que tenía sobre la mesa. Una metáfora perfecta, concedí, acerca del modo en que la tolerancia y el respeto se diluyen en ese espacio virtual donde la depravación no conoce límites, un gran agujero negro que engulle identidades permitiendo que el insulto y la injuria queden suspendidos en el limbo de la impunidad aunque, aquél, no fuera el caso, prueba evidente no de su valentía sino de su incuestionable estulticia, la autora de tamaña atrocidad tenía nombre, apellidos y un rostro. La reacción de Inés Arrimadas no se hizo esperar anunciando la denuncia –algo lógico si reparamos en el contenido, inmoral y absolutamente ilegal, del mensaje, personalmente lo considero encuadrable en los delitos de incitación al odio y la violencia, quizás la más aterradora de las que puedan existir, y de injurias pues, no contenta con el ignominioso deseo conferido, además, la insulta-; como tampoco tardó la de la empleadora de la filóloga, tal es su cualificación profesional, al cesarla fulminantemente en su puesto. Pero en un indecoroso intento de intercambiar los papeles asignados a las protagonistas de este vergonzoso vaudeville, no faltó quien, a continuación, intentara impostar la lícita reacción de Arrimadas en una desproporcionada respuesta que, afirmaba sin pudor, debió omitir. Se victimizaba a quien no dudó en expresarse de modo tan abominable, alegando que se trataba de una “persona anónima”, con nula repercusión en las redes sociales, imputando a la injuriada haber cometido una “grave irresponsabilidad”, desde la proyección social que le confiere su cargo político, al no ocultar la identidad de la ofensora. Nuevamente no daba crédito: se culpaba a la víctima de haber arrojado a su “desconocida” agresora al más descarnado sistema parajudicial, el de las fieras fauces del animal cibernético donde sería fagocitada, presa de la ira de las redes, en plena tormenta punitiva, encontrando allí la “desmedida” y “cruenta” pena del pecado cometido. Sigo, aún hoy, sin saber qué me produce mayor rubor: si el mezquino comentario realizado públicamente por una mujer atentando contra la dignidad de otra, incitada únicamente por el odio de sus diferencias ideológicas; si la hilarante tentativa de culpabilizar a la víctima o bien, si lo es, el lamento plañidero de la autora del oprobio, pues lo que le inquieta no es haber perdido el trabajo sino saber que no va a volver a encontrar otro, sin que, a día de hoy, conste disculpa alguna a la vilipendiada. Todo ello me lleva a plantearme, amigos lectores, si el hecho de que se actúe desde la ausencia de notoriedad social exime de la responsabilidad por la perpetración del acto a su autor, el daño causado es un daño, con absoluta independencia de la transcendencia social que obtenga la lesión o ¿acaso si un asesino le quita la vida a alguien en ausencia de testigos deja de cometer un asesinato?. Seamos coherentes.

Publicado en la columna de los lunes, Reflexiones de butaca, diario VIVA JAÉN, 11/09/2017.

No es país para salafistas, no lo es para tibios ni para secesionistas.

No fue el atropello indiscriminado de una furgoneta conducida por un esbirro islamista, es el que se lleva produciendo, durante siglos, por el choque de dos culturas disímiles. No son ataques aislados, es una guerra declarada. Los terroristas no son otras víctimas más sino los asesinos inoculados del veneno, la maldad y la demencia de la Yihad. Y no, no fue la reacción de España ante Cataluña, sino la reacción del resto de España ante un atentado que se ha cobrado un siniestro mosaico de mártires. Asesinatos subvencionados, auspiciados y becados con el dinero público de los ciudadanos españoles que asistimos, estupefactos, a la masiva entrada de inmigrantes sin cualificación especial que no necesitamos y que, está claro, no podemos mantener quedando así abocados a la marginalidad y el hampa, el mejor y más fructífero caldo de cultivo para todo tipo de atrocidades e ilegalidades. El sábado, 26 de agosto, lejos de mostrar la unidad de un pueblo zaherido por el zarpazo de la bestia, tuvo lugar la delirante reivindicación de unos secesionistas más afanados en denostar a España que en honrar y dignificar la memoria de las víctimas. Se siguió enarbolando el lema NO TENEMOS MIEDO (yo sí lo tengo), me pregunto ahora, si a la vista de los acontecimientos, no estaría dirigido a los representantes de la nación, impunemente vilipendiados e injuriados ante la solazada pasividad de los mismos políticos separatistas que pidieron no rentabilizar la tragedia pero que instigaron aquella demostración de depravación colectiva, buscando culpables del ataque que expiaran, quizás, el pecado del radicalismo que amparan y dirigiendo el dedo acusador hacia el Jefe del Estado, como si pudiera responsabilizarse a causa distinta de la virulenta ósmosis que intenta corroer las instituciones nacionales, tal es la hispanofobia compartida que impulsa a unos y otros victimarios. Fuera de lugar, fuera de cualquier forma aceptable y sin ser el momento, los golpistas, orquestaron una movilización esperpéntica que dinamitó la pretendida imagen de cohesión ante al terror islamista que debía auspiciar la marcha. Cruce de reproches, acusaciones y una larga pléyade de insultos y ofensas hacia los símbolos patrios, proferidos ante la indolencia de un Gobierno obcecado en mantener su pávida permisividad ante la continua transgresión de la legalidad, ante el desafío de la ruptura de una España cada día más invertebrada. La vergonzante lucha de egos entre las distintas fuerzas policiales, los “quiero y no puedo” porque carecen de una unidad especializada en terrorismo internacional, como es la UEI de la Guardia Civil, y que ni tan siquiera tienen acceso a la plataforma de INTERPOL, no sólo no han sabido gestionar la situación, tras ignorar las advertencias de la CIA, sino que han aislado y entorpecido la experta labor de los Cuerpos de Seguridad Nacional pero que recibirán, en solitario, el reconocimiento por su más que cuestionable intervención, lo que no puede calificarse sino como de absoluta vergüenza al suponer una reafirmación, otra más, en la pretensión soberanista de esa entelequia que denominan “Países Catalanes”. Hay que tener valor, como lo tuvo Felipe VI para asistir a la manifestación a sabiendas de que no sería bien recibido, gesto que aplaudo; el mismo valor que, sin duda, se precisaría para controlar y expulsar, sin ambages, a cualquier sospechoso de radicalización que pueda suponer una amenaza para el orden social y valor, también, para aplicar la fórmula constitucional que brinda el artículo 155 en defensa de la integridad territorial. España es mi país y no es, no puede serlo, un país para salafistas, para los tibios que nos gobiernan ni tampoco para secesionistas y aunque jamás una batalla se ha ganado con una mera declaración de buenas intenciones, con improvisados memoriales o emotivas muestras colectivas de pacifismo y aceptación de la diversidad, aquí, salvo el más absoluto ridículo -“wasabismos” aparte- ante la Comunidad Internacional, nadie hace nada para oprobio y escarnio del pueblo soberano. Ahora, llámenme islamófoba… o, simplemente, hispanófila.

Publicada en la columna de los lunes, Reflexiones de butaca, diario VIVA JAÉN, 04/09/2017.