Cuando "investigado" era "imputado".

Si no fuera por la experta intervención de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil cuyo sólido informe sirve de base al Auto que determina la existencia de "indicios suficientes para atribuir a las personas denunciadas, con la provisionalidad propia de esta fase procesal, la posible comisión de los ilícitos penales" pensaría que nuestro, otrora, Excmo. Sr. Alcalde, hoy ya Excelso Secretario de Estado de la Hacienda Pública por obra y gracia del Ministro Montoro, ha vuelto a ser víctima de esa recalcitrante inquina que suscita, también, entre las filas socialistas. Tras ser galardonado como uno de los peores gestores municipales, al dejar nuestras arcas con un agujero de 550 millones de euros, muchos paisanos se asombraron de que el dedo divino de D. Cristóbal lo ungiera como el llamado a ser su mano derecha en la administración de los dineros públicos aunque algunos biempensantes prefiriéramos verlo, entonces, como un cordial y próvido guiño a nuestra tierra a la que, sin duda, habría que cambiar el nombre para pasar a llamarla el Reino del Duro Rostro. No voy a ser yo quien dinamite el sacralizado derecho a la presunción de inocencia ni se erija, tampoco, en vengadora justiciera de reconocidas fobias, propias y ajenas, pero habrá de concederse que son varios los hechos objetivos que nos llevan a concluir que ese enorme débito que nos queda hoy como reliquia podía, quizás, haberse evitado ayer – o no -, ¿por qué se adjudicó, dicen los murmuradores que a dedo y sin mediar una licitación pública, la gestión de nuestras fuentes ornamentales y el mantenimiento de semáforos a una empresa foránea – ¡de Zamora nada menos, oigan!- cuando aquí, sin duda, hay entidades que podían haber asumido tal encomienda?, ¿acaso un Interventor municipal que desaprueba el abono de unas facturas que, previamente, un técnico conforma sin comprobar ni la ejecución de los trabajos que se decían facturados ni el empleo de los materiales utilizados, no supone una clara advertencia a quien había de autorizar los desembolsos y responder, tal es ahora el caso, por ellos?. Es innegable el derecho de todo quien a prosperar y a ascender escalafones dentro de la profesión que haya elegido, en función del ansia de poder o de notoriedad que experimente, pero lo reprobable es que el desempeño de cargos inferiores, que pudiéramos entender como “preparatorios” para el acceso a esferas más altas, se realice como un simple medio para cubrir el trámite del exigido bagaje como credencial a aportar pues ante este episodio sólo cabe el dolo, en el peor de los supuestos, o la ineptitud en el más sangrante de ellos. Lo del PP, para quienes pensamos que otro PP es aún posible, es una infamia a plazos y es que empieza a cundir la sensación de que en tan honroso Partido – ¡gloria a aquél que un día fuera! – no dan, paradójicamente, una a derechas, hemos pasado de “la herencia recibida” que, durante un tiempo, justificara la ausencia de resultados a un “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y tengo derecho a defenderme”. Y ahí andan: de Juzgado en Juzgado y de escándalo en escándalo, más de 30 casos y casi 850 “investigados” acorralan ya a la desplumada gaviota genovesa mientras Ciudadanos se frota las manos salivando, que éstos son de los de “a Dios rogando y con el mazo dando”, y los de la vieja guardia, esos que nos consideramos de la derecha liberal, ya nos decantamos esperanzadoramente por VOX – por supuesto no como opción en unas elecciones municipales, ¡Dios nos libre de tránsfugas y trepas!, pero sí en unas generales -. El PP está herido de muerte, agonizante, exangüe por las continuas dentelladas de la corrupción y demás sospechas varias ante la exasperante actitud de aquél que confunde la prudencia con el temor y la paciencia de sus votantes con la más absoluta idiocia. Veremos si tras el próximo 5 de junio seguimos siendo, nosotros, los únicos idiotas.

Publicado en la columna de los lunes, Reflexiones de butaca, diario VIVA JAÉN, 28/05/2018.

Y Pablito se cortó la coleta.

Hay que ser cauto, en los cenagosos albañares de la política más rastrera, y asegurarse de que el arma arrojadiza que se emplea para atacar al oponente no es producto de la propia envidia para no perder, luego, ni un ápice de esa credibilidad borreguil, dispensada por hordas lobotomizadas, hacia el, otrora, agitador de masas encrespadas. Aquél desaliñado treintañero de hace unos años que, desde el púlpito callejero de la indignación más recalcitrante, arengaba con sus soflamas a la izquierda radical, invitando, cual Mesías redentor, a la ruptura del orden social, justificando el terrorismo y alentando la desobediencia civil y tributaria, la ‘okupación’ y la agresión masiva a los agentes del orden; el mismo que incendiara las redes sociales cuestionándose quién “entregaría la política económica de un país a quien se gasta 600.000 € en un ático de lujo” es, hoy, el flamante propietario de un casoplón de ciento diez millones de las antiguas rubias: 2.000 m2 de parcela en la Sierra de Guadarrama, un amplio jardín, piscina, casa de invitados y una vivienda principal de casi 300 m2. Inmueble este, claro, que no obstante ha debido ser financiado mediante un préstamo con garantía hipotecaria concedido por la Caja de Ingenieros –cooperativa próxima al vivero de rebeldes separatistas que es Ómnium Cultural – con unas inmejorables condiciones financieras que nos son vetadas a la generalidad de los españoles. El comunista vallecano, despiadado instigador del capitalismo, ahora, reconvertido por obra y gracia de los acólitos que lo auparon, en su día, a la categoría de Sumo Pontífice de la izquierda regeneradora que venía a “descubrir la pólvora”, en un sátrapa totalitario a quien no le tiembla el pulso a la hora de defenestrar a todo aquél que ose interponerse en su demencial escalada hacia la autocoronación presidencial de una nación a la que, es obvio, odia. Y es que, el desembolso realizado por este “camarada” no lo ha sido a fin de someterse, por ejemplo, a un costoso tratamiento de ortodoncia al alcance, sólo, de algunos en cuyo caso, a la vista está, estaría más que justificado el dispendio sino en la “casa que necesita para desarrollar su proyecto de familia”. Se ve que, aquí, la mayoría de los españoles no tenemos tales proyectos o son menos ambiciosos o no queremos tanto a nuestros hijos y los privamos del contacto directo con la Naturaleza o es que, simplemente, no nos los podemos permitir. De modo que si Iglesias, Don Pablo ya, no ha adquirido este fabuloso chalé a fin de albergar, en la casa de invitados, a una familia de refugiados sirios; ceder la piscina para los alegres chapuzones veraniegos de los niños saharauis o los ejercicios de rehabilitación de la Asociación Vallecana de Jubilados o bien construir, en el jardín, un huerto urbano del que surtir los comedores sociales de la Comunidad de Madrid es que, finalmente, el antisistema de Pablo Iglesias se ha cortado la coleta, abandonando definitivamente la “clase obrera” para integrarse en la de los elegidos potentados. Me pregunto si, visto lo visto, no habrá sido determinante, en su elección, la ubicación de la casa a sólo 20 km del Valle de los Caídos…  Tiene, la demagogia, corta memoria casi tanto como la desvaída coleta del nuevo burgués. ¿“Volverán – quizás - banderas victoriosas”?.

Publicado en la columna de los lunes, Reflexiones de butaca, diario VIVA JAÉN, 21/05/18.

Catalá no lee a Montesquieu.

Las resoluciones judiciales han de ser, siempre, merecedoras del mayor respeto debiendo acatarse aun cuando no se compartan. Ningún Juez ni Magistrado dicta, a sabiendas, una Sentencia injusta. Podrán estar, en sus razonamientos, más o menos acertados pero el Derecho no es una ciencia exacta sino que se encuentra basado en la interpretación siendo por ello, los pronunciamientos judiciales, susceptibles de revisión ante instancias superiores. He de reconocer que la nefanda expresión del Magistrado firmante del voto particular en la Sentencia de La Manada, que no entraré ahora a valorar, de “ni dolor, ni asco, era excitación sexual… un jolgorio” dada su falta de empatía con la víctima –apenas una adolescente aún, frente a cinco fieras investidas de un licencioso desenfreno libidinoso en un habitáculo poco transitado a esas horas y sin escapatoria posible -, me resultó indecorosa por impropia de alguien que viste una toga, a la que se le debe recato y honorabilidad, motivando mi espontánea afirmación de “ese comentario es meritorio de inhabilitación profesional”. Es cierto que es la primera reacción que una, no ya sólo como mujer sino como jurista, experimenta y es, lógicamente, humana pero no es menos cierto que el visionado de una grabación se presta a múltiples y muy variopintas interpretaciones, por lo que teniendo presente, además, que la tipificación de conductas punibles –sin que puedan ser subsumidas, en ellas, las hipotéticas reacciones que ante un hecho determinado pueda presentar la propia víctima – se determinan en función de las percepciones de los Juzgadores, hube, necesariamente, de rectificar: no merece inhabilitación, el hombre, se ha limitado a cumplir con su labor que no es sino la de juzgar y ha considerado, equivocada, o no, pero lícitamente, que la actuación procesada no debe conllevar un reproche penal para sus autores. Un juicio, el realizado por el Magistrado Ricardo González, que, insisto, podrá ser más o menos afortunado pero, en todo caso, respetable. Uno de los pilares de nuestro sistema judicial es la imparcialidad de los servidores públicos que lo integran, encontrándose desprovistos de vinculaciones fácticas que garantizan su absoluta independencia. Fue el propio Montesquieu quien en su obra “El espíritu de las Leyes” determinó, entre otros muchos postulados aún hoy vigentes en nuestras modernas democracias, que es precisamente esta división de poderes la que atestigua que “los jueces sean la voz muda que pronuncia las palabras de la Ley”. Siendo la razón, amigos lectores, por la que habremos de buscar el fallo no tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo quien, por obra y gracia del Ministro de Justicia, ha cometido una injerencia imperdonable por el daño irrogado a la Judicatura en su conjunto y a la sociedad en general, una intromisión, la suya, tan zafia como vil al apuntar ladinamente hacia “ciertos problemas singulares de este Juez” y puede también, pues todo así lo indica, que previamente el error haya estado en el Legislativo que debe ocuparse, por su parte, de regular el contenido de cada uno de los delitos, qué conductas, de forma indubitada, los componen y las penas que, irremisiblemente, se le han de aplicar a quienes los cometen. Pero, mientras tanto y a falta de su dimisión, seguiremos teniendo un problema y ese problema es el Ilustre Ministro de Justicia, el Sr. Rafael Catalá, junto con todos los que, de modo tan irresponsable como ignorante, han participado en el linchamiento descarnado de Jueces y Magistrados con la mezquina intención de sacar el rédito de un apoyo electoral que, es evidente, hace tiempo perdieron anclados en ese maniqueísmo que les hace posicionarse, indefectiblemente, en el lado del bien que es, y será siempre, el suyo aunque ellos nunca lean a Montesquieu.

Publicado en la columna de los lunes, Reflexiones de butaca, diario VIVA JAÉN, 07/05/2018.

Marnie, la ladrona.

Finalmente se han cumplido mis vaticinios y Cifuentes se ha visto obligada a dimitir. No ha sido a causa de su mala gestión de la información, aventada por vocingleros propios y extraños al PP pero al fiel servicio de los primeros, acerca del Máster dadivosamente otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos sino abatida por la munición, disparada desde sus propias filas, contra aquél que suponga el menor escollo en la aspiración sucesoria de un Partido, cada vez más, reducido a escombros tras los continuos bombardeos de la corrupción. No le encuentro ningún sentido al acto, por supuesto reprobable, de introducir disimuladamente en un bolso de dos mil euros un par de cremas de apenas cuarenta. Resulta, incluso, cómico que alguien que viste de Prada escamotee cosméticos, de gama media, si no es con motivo de una patología, tal parece ser el caso. La cleptomanía, en psicología clínica, presenta una serie de síntomas entre los que se encuentra la ausencia de intencionalidad maliciosa; el descontrolado impulso de sisar, normalmente objetos de escaso valor, no lo es para el beneficio personal del cleptómano sino porque no puede domeñarlo, le resulta imposible y lo hace como medio de aliviar su ansiedad. De modo que, es obvio, quienes padecen tal trastorno sufren una alteración que termina tratándose con terapias conductuales y farmacopea a fin de aliviar los sentimientos de culpa, remordimiento y vergüenza que con posterioridad experimentan. No hablamos de delincuentes –como en el caso de aquellos que, consciente y deliberadamente, incurren en la apropiación indebida o la estafa, donde predomina un propósito de lucro-, puesto que esta desviación del comportamiento no está, no puede estar, tipificada en la Ley Penal. Es curioso que haya podido pervivir, en las albañares políticos, una cinta de seguridad de hace siete años que nula o escasa utilidad podía presentar tras el abono voluntario, por la “infractora”, del importe de lo hallado en su bolso, cuando la LOPD establece que las imágenes captadas por un sistema de seguridad privada no deben, jamás, superar los 30 días de antigüedad, límite que no se alcanzará si las necesidades de captación y almacenamiento se cubren con el archivo registrado de un período inferior en atención al principio de proporcionalidad. Por lo que ese día, en aquella superficie comercial, se produjo un conato de delito leve que fue solventado, quebrando de este modo la denuncia y la tramitación de cualquier proceso judicial pero, también, una radical vulneración de las normas reguladoras de la Protección de Datos al conservarse una grabación que, por Ley, debió ser destruida y no se hizo, facilitándose, más tarde, su difusión y exponiendo, así, públicamente la alteración patológica de una persona susceptible de ser tratada por profesionales y que, con independencia de su cargo, tiene derecho a su intimidad. Imágenes que salen a la luz, haciendo escarnio, en un momento muy delicado de la interesada quien precisamente se había mostrado como la más implacable censora de los casos de corrupción de su Partido. Empiezo a pensar que existen unos expedientes clasificados que guardan las miserias de todos y cada uno de nuestros representantes públicos y que salen a la luz sólo cuando los mismos resultan molestos. Desconozco si será el precio que han de pagar en sus personales vendettas o si, por el contrario, sea que el sacrosanto derecho a la información está al servicio del poder de turno por parte de esos sicarios, custodes de las más pestilentes alcantarillas de miserias ajenas, amparando impunemente el robo de la intimidad de ciertas personas. Tras releer estas líneas me pregunto quién de todos ellos, en esta trama, desempeña mejor el papel de ‘Marnie’.

Publicado en la columna de los lunes, Reflexiones de butaca, diario VIVA JAÉN, 30/04/2018.